El Plan de Acción Regional eLAC es fruto de un largo camino.

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas resolvió en 1999 que la serie de reuniones de alto nivel del período de sesiones sustantivo de 2000 estuviera dedicada a la consideración del tema "El desarrollo y la cooperación internacional en el siglo XXI: la función de la tecnología de la información en el contexto de una economía mundial basada en el saber". Como respuesta, los países de América Latina y el Caribe, convocados por el Gobierno de Brasil y la CEPAL, aprobaron en julio de 2000 la Declaración de Florianópolis, que apuntaba al uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo.

Los dirigentes de la región reconocieron, en esa etapa inicial, la importancia de adoptar políticas públicas proactivas para impulsar la inserción en la sociedad de la información y enfrentar adecuadamente la brecha digital al declarar: "Dejar que la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento sea conducida sólo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales en las sociedades, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar la distancia entre los países desarrollados y en desarrollo".

Como parte del proceso internacional de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005), que se realizó en dos etapas (Ginebra en 2003 y Túnez en 2005), las autoridades de los países de América Latina y el Caribe intensificaron sus esfuerzos para crear una perspectiva regional sobre el desarrollo de sociedades de la información. En diversas reuniones celebradas entre 2001 y 2003 por la red regional del Grupo de Tareas sobre las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) de las Naciones Unidas, se destacó la importancia de la colaboración entre las partes interesadas para hacer frente a este desafío. Asimismo, en la Agenda de Conectividad para las Américas y Plan de Acción de Quito (agosto de 2002)  se insistió en la necesidad de formular programas de acción y estrategias nacionales realistas.

La Declaración de Bávaro de 2003 fue un paso importante para establecer los principios fundamentales de América Latina y el Caribe para la transición hacia sociedades de la información, dado que ayudó a identificar las principales características de este fenómeno en la región. Las repercusiones de tal documento han sido notables; en efecto, a partir de su aprobación se incorporaron por primera vez oficialmente el análisis sobre la gobernanza de Internet y el software de código abierto en el proceso de la CMSI, temas que cobraron gran importancia durante esa reunión y en eventos posteriores.

En las reuniones preparatorias para la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se realizaron en Quito en mayo de 2005 y durante la Conferencia Ministerial Regional de América Latina y el Caribe, celebrada en Río de Janeiro en junio de 2005, varios años de diálogo sobre la relación entre las TIC, el crecimiento y la equidad culminaron con el Compromiso de Río que instituye el Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, conocido como eLAC2007.

La región ha tomado como guía estratégica de largo plazo la Declaración de Principios y el Plan de Acción adoptadas en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en el que se establecen metas que deberían alcanzarse para el año 2015, junto con los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. A partir de las bases del consenso político existente en la región, los gobiernos de los países que la integran propusieron durante las reuniones del Comité Preparatorio de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información elaborar el Plan de Acción de Latinoamérica y el Caribe para el período 2005-2007 (eLAC2007), con el fin de que se convierta en un primer paso en el camino hacia el 2015.

El segundo paso se dio con la aprobación del segundo Plan de Acción (eLAC2010), que fue acordado con el Compromiso de San Salvador, durante la II Conferencia Ministerial, que se llevó al cabo en El Salvador, del 6-8 de febrero de 2008.